COMUNICADO CONJUNTO CÁMARAS DE COMERCIO DE LA REGIÓN DE MURCIA: UN PACTO QUE AHONDA EN LA DIFERENCIA ENTRE REGIONES Y AMENAZA LA UNIDAD DE ESPAÑA Y DE MERCADO

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COMUNICADO CONJUNTO CÁMARAS DE COMERCIO DE LA REGIÓN DE MURCIA: UN PACTO QUE AHONDA EN LA DIFERENCIA ENTRE REGIONES Y AMENAZA LA UNIDAD DE ESPAÑA Y DE MERCADO

Las Cámaras de Comercio de la Región de Murcia como corporaciones en representación y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y los servicios en la Región manifiestan su rechazo y profunda preocupación por los pactos alcanzados por el Presidente de Gobierno en funciones para la próxima sesión de investidura por considerarlo el fin de la igualdad ante la ley y la unidad de mercado.

Los anunciados acuerdos, tanto en el plano jurídico como económico, son contrarios a los intereses generales, y responden únicamente a la necesidad partidista y personal de sumar los votos necesarios para la investidura. Especialmente grave es, tal y como han señalado unánimemente todas las Asociaciones Judiciales, el riesgo evidente de quebrar la democracia al someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes.

Las Cámaras de Comercio de la Región consideran que la amnistía para los dirigentes condenados por delitos de sedición y malversación es ajena al interés general, supone un ataque a nuestro sistema constitucional, además de instalar a España en la inseguridad jurídica con graves consecuencias para las inversiones, las empresas y la actividad económica.

Concretamente, la creación de una financiación privilegiada para Cataluña, con autonomía fiscal y singularidades tributarias, haría añicos el sistema de financiación autonómica, agravando y profundizando las diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas y sus ciudadanos, especialmente para la Región de Murcia, castigada ya por el actual modelo.
Por otro lado, también crea alarma la pretensión de influir en decisiones puramente empresariales como la fijación del domicilio social o fiscal de las entidades, algo que claramente no entra en las competencias del Gobierno. Su papel, recuerdan los empresarios, no es otro que trabajar para generar un escenario de igualdad de oportunidades, estabilidad y seguridad jurídica para favorecer el desarrollo empresarial. Ya han sido varios los acuerdos tomados fuera de la mesa de diálogo social, como la reducción de la jornada laboral, el incremento del SMI o nuevas cargas impositivas, generándose un ambiente de inestabilidad que perjudica gravemente las decisiones de inversión y creación de empleo.

Por todo ello, las Cámaras llaman a recuperar el sentido de estado y la defensa de los principios constitucionales que ha dotado a este país de un reconocido desarrollo económico y social.

 

 

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